El artículo 6 de nuestra Constitución establece que: Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Como toda organización, indudablemente necesitan disponer de medios económicos para financiar su actividad, y estos deberían provenir en su mayor parte de sus afiliados y sus simpatizantes, sin perjuicio de que esporádicamente pudiesen recibir una subvención pública para una actuación determinada, como cualquier otra entidad. Sin embargo, una cosa es eso, y otra vivir mayoritariamente a consta del Estado, como pasa actualmente.
La Constitución les reconoce su importante actividad, pero también advierte que su creación y actividad son libres. No obliga a que se creen partidos, por lo que no pueden reunirse cincuenta o cien amiguetes, montar uno y en cuanto tengan una representación, pedir que el Estado les financie.
Al contrario de lo que acontece en países de nuestro entorno, parece que en España, sobre el ochenta por cien de los ingresos de los partidos son de origen público, dinero de todos, no está mal. Una cosa es una subvención en función de la representación parlamentaria lograda, que refleja una aceptación por parte de la ciudadanía, como ya existe, además de los locales y medios materiales que ponen a su disposición las cámaras, y otra muy distinta, repito, vivir a consta del pueblo.
Viene lo dicho a colación del informe aprobado recientemente por varios partidos políticos, en el que entre otros temas recoge que se aprueben unas propuestas para blindar su financiación, y que además se introduzcan en el artículo constitucional al principio citado.
Uno de los puntos de la propuesta, es que los partidos celebren obligatoriamente primarias para elegir a sus candidatos en todos los ámbitos, y que las mismas sean financiadas con dinero público. No está mal. Simplemente olvidan que la Constitución exige que su funcionamiento sea libre y democrático. ¿Quiénes son los que han redactado ese informe para tratar de imponer una conducta a otros? Con tal de que actúen democráticamente, pueden hacerlo como quieran.
Otro punto en el que se basan para pedir más dinero, es comprometerse a establecer un período máximo de tiempo entre congresos y limitar la duración de los mandatos. ¿Alguien cree que seas medidas justifican su petición?
También quieren más dinero para lograr el equilibrio de género en las listas electorales. Este tema lo comenté hace poco tiempo en otro artículo. No es más que una propuesta folklórica a la caza de votos. En las listas deben ir las personas más cualificadas o adecuadas en cada caso, sean del sexo que sean. Por otra parte, no entiendo que lograr unas listas igualitarias cueste más dinero que otras que no lo sean.
Analizando estos tres puntos en los que basan su petición de más fondos públicos, llego a la conclusión de que se creen que los ciudadanos son tontos, y que no se dan cuenta de que lo que pretenden es vivir a costa de ellos. Además de la discutible legalidad de alguna, no si se adopta voluntariamente, pero si en el caso de una imposición, ya me dirán ustedes que incremento de coste suponen.
El pueblo ya les paga suficientemente. Si quieren disponer de más efectivo, sean más austeros y administren mejor. Por ejemplo, déjense de tanto asesor, que en muchos casos no son más que amiguetes del jefecillo de turno, (porque ¿en que asesoran?), que les proporciona unos ingresos pagados por los ciudadanos.